Personal del Insabi se manifestó por despidos injustificados
Trabajadores de Insabi se manifiestan en CDMX ante despidos injustificados
Trabajadores sanitarios denunciaron despidos injustificados e incertidumbre laboral dentro del Insabi, en pleno repunte de COVID-19.
Personal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se manifestó en la Ciudad de México para denunciar la incertidumbre laboral en la que se encuentra en pleno repunte de COVID-19.
Un grupo de trabajadores sanitarios se congregó minutos antes de las 6:00 h en la Torre del Caballito para marchar hacia el Zócalo donde realizaron una protesta.
Los empleados de Insabi detallaron que su contrato culmina el 31 de enero sin que autoridades les informen qué ocurrirá con ellos, si serán recontratados o despedidos.
Al grito de “¡Justicia laboral!” y con pancartas de “Ayer nos llamaban héroes, hoy somos desempleados”, médicos, enfermeros y técnicos, entre otros, también acusaron despidos injustificados a nivel nacional.
Denunciaron que tras firmar un nuevo contrato se los revocaron.
El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud.
El INSABI tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
Ante fallas del Insabi, oposición pide vuelta del Seguro Popular
Para el PAN y MC, el sistema aplicado para la adquisición y distribución de medicamentos ha probado que no sirve; PRD ve corrupción y falta de transparencia en decisiones de Gobierno.
Será difícil cambiar la mala primera impresión del Insabi. La credibilidad de las autoridades de salud está en entredicho. Pero hay, además, tres poderosas razones que motivan escepticismo sobre la capacidad de cumplir la promesa de universalidad y gratuidad, aun con la ampliación del plazo:
i) los recortes recientes al presupuesto de la Secretaría de Salud;
ii) la abolición de un mecanismo financiero creado por el Seguro Popular (SP), que daba certeza a la asignación de los recursos públicos, y
iii) la impericia gerencial del actual equipo de salud del gobierno federal.
Entre 2000 y 2015, el presupuesto de la Secretaría de Salud se incrementó casi cuatro veces (de 39 mil 422 a 153 mil 839 millones de pesos constantes).
Esto permitió extender la cobertura de atención a la salud a 53 millones de mexicanos que no contaban con seguridad social.
Sin embargo, en los últimos tres años del gobierno anterior y el primero del actual, este presupuesto se redujo hasta alcanzar la penosa cifra de 120 mil 298 millones de pesos constantes en 2019. El presupuesto para 2020 es prácticamente el mismo que el del año anterior, ajustado por inflación.
Son estos recursos decrecientes los que explican el reciente deterioro de la oferta de servicios públicos de salud. El SP garantizaba el acceso, sin desembolso en el momento de utilización, a todos los servicios de primer y segundo nivel, y a 70 intervenciones de alto costo.
El Insabi promete garantizar tan sólo el acceso a los servicios de primer y segundo nivel, reduciendo así los derechos que tenían los afiliados al SP. A partir de enero de 2020, los recién nacidos que requieren de cuidados intensivos, los niños y mujeres que sufren de cáncer, los pacientes con sida y miles de personas que padecen otras enfermedades complejas deberán pagar de su bolsillo si quieren seguir teniendo acceso al tratamiento, exponiéndose así a incurrir en gastos catastróficos —como ocurría antes del SP. Los más afectados serán los más pobres.
Con información de Foro Tv
