El caso de Leslie Godínez exhibe negligencia de autoridades
El caso de Leslie Godínez Carrillo y la red de tráfico de bebés que conmociona a México
El feminicidio de Leslie Godínez Carrillo, una joven de 20 años con siete meses de embarazo, ha destapado uno de los crímenes más perturbadores registrados en Ciudad Juárez: el asesinato de mujeres embarazadas para extraer a sus bebés y venderlos en redes de adopción ilegal hacia Estados Unidos. El caso no solo exhibe la brutalidad del crimen organizado, sino también la negligencia de las autoridades mexicanas, la lenta respuesta de las instituciones y el vacío legal que permite que estas redes sigan operando.
El asesinato ocurrió el 17 de julio de 2025, luego de que Leslie acudiera a una cita pactada por Facebook para “recoger un dinero”. Ocho días después, su madre, Mirta María Carrillo, fue llamada para reconocer el cuerpo. Lo que vino después fue el descubrimiento de una red criminal que operaba cirugías clandestinas, venta de bebés y posiblemente extracción de órganos en la frontera norte.
Una cesárea clandestina y el intento de venta del bebé
Leslie fue llevada a una casa en el fraccionamiento Portal de Abedul, donde le practicaron una cesárea rudimentaria para extraer al bebé y venderlo en 15 mil dólares (alrededor de 300 mil pesos). La joven murió desangrada, fue apuñalada más de 40 veces y enterrada en el patio del mismo domicilio.
La responsable del procedimiento, Martha Alicia Méndez Aguilar, alias La Diabla, intentó entregar al bebé a compradores en Estados Unidos, pero debido a complicaciones de salud terminó llevándolo a un hospital donde intentó engañar al personal médico. El recién nacido sobrevivió y se encuentra hoy con su abuela, tras meses de lucha legal.
Una red que conecta a México y Estados Unidos
El caso escaló internacionalmente cuando autoridades de Estados Unidos identificaron a La Diabla como una pieza clave de una red ligada, presuntamente, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a La Empresa, brazo armado de La Línea en Chihuahua. La red captaba mujeres embarazadas en situación vulnerable, las sometía a cirugías ilegales y vendía a los bebés a parejas estadounidenses —según informes, incluso a través de contactos que pagaban entre 250 mil y 300 mil pesos por cada menor.
Testimonios incluidos en la investigación revelan que al menos una menor de edad, una enfermera y otros cómplices participaron en la operación donde Leslie fue asesinada. La fiscalía abrió carpetas por feminicidio y homicidio en grado de tentativa; sin embargo, la carpeta por trata de menores con fines de adopción ilegal aún no incluye a la familia de la víctima, lo que genera dudas sobre encubrimiento institucional.
La lucha de una abuela contra la burocracia
Para la madre de Leslie, la tragedia no terminó con el hallazgo del cuerpo. El DIF le negó durante tres meses el acceso al bebé, argumentando falta de pruebas de parentesco, a pesar de que la autoridad no tomó pruebas de ADN a tiempo y fue necesario exhumar el cuerpo. La familia tuvo que insistir mediáticamente, entregar cartas a autoridades federales y esperar un fallo judicial para registrar al niño como Eithan Martín Godínez Carrillo.
“Mi nieto es un milagro”, afirma Mirta María, quien asegura que fue la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum lo que destrabó el proceso. Hoy, además de criar al bebé y a su hermana mayor, Sofía, exige justicia por la muerte de su hija y una investigación completa contra quienes participaron en el crimen.
Feminicidio, trata y negligencia: un patrón repetido en México
Este caso reúne tres dimensiones críticas del contexto mexicano:
Violencia extrema contra mujeres, especialmente embarazadas, y reclutamiento mediante redes sociales.
Tráfico de menores en la frontera norte, conectado con cárteles y estructuras criminales transnacionales.
Fallas sistemáticas de autoridades, que obstaculizan denuncias, pierden evidencia y retrasan procesos legales.
La abogada de la familia, Olivia Aguirre Bonilla, advierte que el caso de Leslie no es aislado y que existen otros reportes de mujeres desaparecidas bajo el mismo modus operandi. “Esto no es solo feminicidio, sino un esquema de compra-venta de bebés disfrazado de adopciones”, afirma.
El impacto social y la exigencia de justicia
La historia ha generado indignación pública por lo que representa: un país donde incluso el cuerpo de una mujer embarazada puede convertirse en mercancía, donde las familias deben peregrinar por oficinas, exhumaciones y trámites para recuperar a un recién nacido vivo.
Hoy, Mirta no solo cría a sus nietos: también imprime volantes, asiste a audiencias y da entrevistas para evitar que Leslie sea una estadística más. “¿Una vida vale 300 mil pesos?”, se pregunta. “Quiero justicia para mi hija y para todas las que faltan”.
El caso de Leslie Godínez deja en evidencia la conexión entre feminicidio, trata de personas y crimen organizado en México, así como la urgente necesidad de protocolos que protejan a mujeres embarazadas y menores de edad frente al reclutamiento digital. También muestra el peso emocional y burocrático que enfrentan las familias que buscan justicia en un sistema lento, fragmentado y muchas veces indiferente.
Mientras La Diabla espera proceso hasta 2026, aún quedan cómplices sin detener, carpetas sin integrar y preguntas sin responder. Y aunque el bebé sobrevivió, la verdad del caso apenas comienza a salir a la luz.
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