“Querétaro sin presos políticos”: Lupita Murguía

Hará ya un año de aquella noche de vela.

Noche de junio de 2022.

Fue el desalojo en Cuadrilla de Juriquilla, apegado estrictamente a derecho – el más grande de esta administración estatal – para reubicar a 180 familias y que hoy, a un año de distancia, se les está dando posibilidad de vivienda digna por parte del Instituto de la Vivienda (IVEQ), 30 en el Fraccionamiento Libertad y 150 en el Fraccionamiento Puertas de San Miguel.

Todo ahí, en una extensión de 13.1 hectáreas, ha comenzado a cambiar.

La operación en esa noche de vela, de tensión, había utilizado a por lo menos a 800 personas, entre elementos de las policías estatales, municipales y civiles, para hacer cumplir órdenes judiciales locales.

Y ayer se salió a dar la cara y detallar los avances en este reordenamiento de aquellos lotes en breña y en los que se ha avanzado en urbanización, servicios primarios, reforestación, construcción de aulas en el espacio educativo de la secundaria Andrés Balvanera, para regresarlos paulatinamente a 239 trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro, entre los que se encuentran académicos y trabajadores administrativos. sin presos, sin presos, sin presos, sin presos, sin presos, sin presos, sin presos, sin presos, sin presos

Y se da rueda de prensa, a la que asiste la Lic. Lupita Murguía, secretaria de Gobierno y operadora central de aquel desalojo; el Arq. Fernando González Salinas, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; la maestra Lorena García Alcocer, titular del Instituto de la Vivienda del Estado; la Arq. Oriana López Castillo, secretaria de Obras Públicas Municipales y representante del alcalde Luis Nava para este evento, así como representantes de los colonos de Juriquilla y periodistas de medios de comunicación.

Lupita Murguía detalló la operación de desalojo de aquella noche aciaga, a un año de haberse realizado, de los avances que hoy se tienen al darle seguimiento a compromisos expresos con los desalojados y de las facilidades que ha dado el IVEQ para la adquisición de vivienda digna.

El trabajo ahí realizado, fue de una auténtica cirugía legal, catastral y desde luego social.

“30 ocupantes de la Cuadrilla adquirieron de IVEQ lotes en el fraccionamiento Libertadores, municipio de El Marqués por un monto de 88 mil pesos cada uno y que incluían gastos de administración, escrituración y seguro de vida. Otros 150 ocupantes de la Cuadrilla (Asociación Civil-Cuadrilla Pueblo Juriquilla, celebraron con IVEQ un contrato de colaboración con el objeto de adquirir con crédito hipotecario lotes en el fraccionamiento Puertas de San Miguel, en un esquema de urbanización progresiva, con un enganche de 20 mil pesos y un saldo restante por 180 mil, pagaderos en 180 mensualidades a razón de 1,280 pesos”.

Y así caminan.

Sin embargo y mientras de daban todos estos datos, intempestivamente y en el patio central del Palacio de la Corregidora, hizo presencia física la activista de izquierda Irma Monroy, con la intención de inquirir a la secretaria de gobierno sobre este tema. Nadie le impidió el paso y ella abandono de motu proprio el lugar.

Sin embargo y en un café de Plaza de Armas, ofrecía conferencia Pablo González Loyola Pérez, líder de la organización Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, quién en la semana anterior y por otras situaciones de desalojo en vías federales, había manifestado que algunos detenidos, eran considerados “presos políticos”.

A pregunta expresa de este columnista y por ese dicho, es que se le preguntó a la secretaria de gobierno se existían presos políticos en Querétaro.

Tras declarar que “en Querétaro no hay impunidad, sino acciones estrictamente apegadas a derecho y todas con orden judicial; por lo tanto, aquí no hay presos políticos”.

Ahí, en el predio Cuadrilla de Juriquilla, caminan los compromisos contraídos.

P.D.

Lo de Colón.

La tarde del viernes 17 de junio, el presidente municipal de Colón, Manuel Montes Hernández, informó que regidores firmaron un documento en el que rechazan el acuerdo aprobado el pasado 13 de junio para incrementar su sueldo.

Y cita a los regidores síndicos firmantes: María Leticia Espinosa Pérez, Ramiro Prado Bárcenas, así como los regidores Maricela Hurtado Ramírez, Jorge Luis Mora Sánchez y el panista Daniel López Castillo. Tanto el propio alcalde Manuel Montes como la regidora Leidy Cinthia Mejía León, habían votado en contra este incremento.

No firman los regidores Cecilia Cabrera Yáñez y Gaspar Trueba Moncada. Tampoco se especifica si la reversa de los regidores citados fue por convencimiento político realizado por el alcalde o bien, a recomendación del gobierno estatal.

Lo cierto es que, si bien de los arrepentidos es el reino de los cielos, también aplica aquello de que “palo dado ni Dios lo quita”.

Así las cosas, en el municipio de Colón.