Entre el aula y el abandono institucional: La Carreta
Entre el aula y el abandono institucional
La Carreta por *Eréndira Karina Córdoba
Viernes 24 de julio del 2026
El caso del maestro Jasso no es un suceso aislado, sin duda, es el síntoma de un sistema educativo y judicial que ha normalizado el abandono institucional. Como especialista en salud mental, sé que la desesperanza no surge de la nada; se alimenta de procesos burocráticos opacos, de autoridades que responden más a la presión mediática que a la responsabilidad ética, y de una sociedad que prefiere elegir bandos antes que exigir soluciones.
Varias veces pensé en detener el video, pero algo me decía que tenía que escucharlo hasta el final. Mientras hablaba el profesor Alberto Israel Jasso Cruz, dejé de ver únicamente a un hombre frente a una cámara. Vi a tantos compañeros con los que he trabajado durante años, el maestro que llega antes que todos para preparar su clase, la profesora que se queda después del timbre porque una alumna necesita ayuda, quien compra material de su bolsillo porque sabe que, si él no lo hace, nadie más lo hará.
Y entonces, ¿Cómo llegamos hasta aquí? Aclaro algo desde el principio, no sé qué ocurrió entre el maestro y la alumna. No estuve ahí. No conozco el expediente, las pruebas ni la investigación. Como cualquier otra persona, sólo conozco fragmentos de una historia que hoy se discute en redes sociales, medios de comunicación y nuestras propias reuniones de conocidos. Precisamente por eso, creo que debemos tener cuidado.
Tras difundirse el video, aparecieron cientos de opiniones. Algunos lo vieron como la despedida de un hombre desesperado. Otros señalaron algo que también merece ser escuchado, hay quienes aseguran que el suicidio del maestro podía convertirse en un último acto de violencia al dejar expuesta a la joven denunciante a una ola de odio y agresiones. Es una observación dura, incómoda, pero probable. Basta entrar a redes sociales para comprobar que la indignación suele buscar un rostro sobre el cual descargarse.
Aquí es donde todos corremos el riesgo de equivocarnos. Porque pareciera que otra vez estamos eligiendo un bando antes de entender el problema. Unos defienden al maestro, otros a la denunciante. Mientras tanto, dejamos de mirar aquello que, al menos en su mensaje, el propio profesor intentó señalar, algo de lo que nadie tiene garantías ni está exento y es el abandono institucional.
Como psicóloga clínica, sé que el suicidio nunca es un acto aislado. Es el resultado de múltiples factores, entre los cuales encontramos temas personales, sociales, económicos e institucionales que se acumulan hasta quebrar la esperanza. Y en este caso, lo que emerge con fuerza, es la sensación de haber sido condenado antes de que existiera una resolución definitiva. Esa percepción de injusticia y la falta de acompañamiento, que son un detonante que no podemos ignorar.
La salud mental de los docentes está siendo erosionada por un sistema que los coloca en la línea de fuego sin respaldo real. Quien nunca ha trabajado en una escuela difícilmente entiende cómo transcurre un día cualquiera.
No sólo damos clases también, por empatía, escuchamos problemas familiares, intervenimos en conflictos y acompañamos en crisis emocionales que, ante la ausencia de espacios para profesionales de salud mental, estos terminan siendo invisibles y sin importancia para los presupuestos gubernamentales.”
Pero en los últimos años algo cambió, algo casi invisible, y es el hecho de que los maestros aprendieron a protegerse. Dejan la puerta abierta, buscan testigos, evitan la cercanía que antes era natural. Y eso duele, porque la esencia de la educación siempre ha estado en la confianza.
No estoy diciendo que deban relajarse los protocolos. Sería un error enorme. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a espacios seguros y toda denuncia debe investigarse con absoluta seriedad. Pero la pregunta es otra… ¿estamos construyendo procedimientos que realmente protejan a todas las personas involucradas? ¿Existe acompañamiento institucional para quien denuncia y también para quien es denunciado? ¿O la presión social termina marcando el rumbo de las decisiones?
La justicia no debería obligarnos a escoger entre proteger a la víctima o garantizar el debido proceso al acusado. Su tarea consiste en asegurar ambas cosas. Cuando las instituciones fallan, todos perdemos, la víctima que no encuentra justicia y el acusado que siente haber sido condenado antes de tiempo.
Después de ver el video del maestro, me quedo con un inquietud, el pensar en la cantidad de docentes que volverán a entrar a un salón con el mismo compromiso de siempre, pero también con la incertidumbre de saber que, si algún día enfrentan una situación similar, su destino dependerá no sólo de la verdad, sino del protocolo legal y del cómo reaccionen las instituciones y la opinión social.
Quizá esa sea la conversación que realmente deberíamos estar teniendo, no quién merece nuestra simpatía, sino cómo construimos un sistema capaz de proteger sin destruir, de investigar sin condenar anticipadamente, de acompañar sin abandonar. Porque cuando la salud mental de los docentes se convierte en un tema secundario, lo que está en riesgo no es sólo la vida de un maestro, sino la confianza de toda una comunidad educativa.
Aunado a que lo está en juego, no es solo la vida de un docente ni la credibilidad de una denunciante, sin duda, es la capacidad del Estado para garantizar justicia sin convertirla en espectáculo. Si seguimos permitiendo que las instituciones actúen como jueces improvisados bajo la lógica de las redes sociales, estaremos condenando a nuestras escuelas a ser espacios de miedo y desconfianza.
La pregunta urgente para la opinión pública sería si ¿queremos un sistema que proteja a las víctimas y al mismo tiempo respete el debido proceso, o vamos a seguir tolerando un modelo que destruye vidas mientras presume protocolos? La respuesta no puede esperar. Porque cada maestro que entra a un salón con la inquietud de ser abandonado por las instituciones está cargando, en silencio, con el fracaso colectivo de un país que no ha sabido cuidar ni a quienes enseñan ni a quienes aprenden.
Como psicóloga sé que la desesperanza se alimenta del abandono. Y cuando las instituciones fallan en acompañar tanto a quien denuncia como a quien es denunciado, lo que se erosiona no es únicamente la confianza en la justicia, sino la salud emocional de quienes sostienen día a día las escuelas.
Después de ver el caso del maestro Jasso, lo que permanece en la sociedad no es sólo la indignación o la tristeza, sino la certeza de que estamos frente a un problema de salud mental que atraviesa a toda la comunidad educativa.
Todo va de mal en peor cuando los huecos institucionales se combinan con nuestra incapacidad de escuchar a los hijos. El caso del maestro Jasso lo demuestra, incluso con la exposición de la denunciante en redes sociales, es sin duda, una forma de violencia que multiplica el daño.
Sumado a la burla de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, Arely Reyes Terán, al decir que ‘se hubiera matado antes’ no sólo es cruel, su postura contraviene el principio de presunción de inocencia y además es un síntoma de un sistema que normaliza el desprecio por la salud mental y la dignidad humana, expone la tensión entre la obligación de imparcialidad de quienes administran justicia y la presión social en casos de violencia de género.
Si partimos del supuesto de que la educación se sostiene en la confianza, si dejamos que el miedo y la desconfianza se conviertan en norma, si seguimos tolerando instituciones que abandonan, redes que linchan y autoridades que se burlan, no sólo perderemos maestros, perderemos la esencia misma de lo que significa enseñar y aprender, lo que está en riesgo no es sólo la vida de un maestro o la voz de una estudiante, es la salud emocional de toda una sociedad.
Cuando las autoridades fallan en acompañar tanto a quien denuncia como a quien es denunciado, lo que se erosiona no es sólo la justicia, también la salud mental de toda la comunidad, lo que queda en fuego cruzado es el ciudadano de a pie, ese que lo pensará antes de denunciar, con la incertidumbre de ¿para qué denuncio, para qué alzo la voz? .
No podemos olvidar que detrás de cada denuncia hay una persona que atraviesa miedo, angustia y, muchas veces, aislamiento. La víctima también necesita un acompañamiento real, no solo protocolos en papel. Escuchar a nuestros hijos, darles espacios seguros y garantizar apoyo psicológico inmediato debería ser una prioridad, no una nota al pie en los presupuestos.
Cuando se expone públicamente la identidad de una menor en redes sociales, lo que se genera es una segunda forma de violencia «la revictimización». Y cuando una autoridad judicial se permite burlarse diciendo que “se hubiera matado antes”, lo que se normaliza es el desprecio institucional hacia la salud mental y la dignidad humana.
El acompañamiento debe ser doble: para quien denuncia y para quien es denunciado. Porque si el sistema falla en cualquiera de los dos lados, lo que se erosiona es la confianza social en la justicia y en la educación. Y sin confianza, lo que queda es un terreno fértil para el miedo, la desprotección y el deterioro emocional colectivo.
Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula Entre el aula