Incapacidad del estado frente a la delincuencia
Prueba incapacidad el estado frente a la delincuencia organizada, Tras La Verdad, Por Héctor Parra Rodríguez.
¡Quince guardaespaldas “protegían” al exgobernador de Jalisco! Y nada pudieron hacer para evitar el artero homicidio cometido en su contra. Frente al poderío de la delincuencia organizada, Andrés Manuel López Obrador, se jactó de retirar los apoyos de seguridad a los expresidentes de la República. Así piensa el hombre que en sus dos primeros años de gobierno, se han cometido los crímenes más atroces y en número de homicidios violentos lleva el privilegiado “primer lugar”.
Entre “abrazos y no balazos” y el “perdón a los delincuentes”, el Presidente de la República, dio patente de corso a los criminales para apoderarse de la mayor parte del territorio nacional y cometer toda clase de delitos. El gobierno federal prefiere levantar memoriales en “honor a las masacres” (niños y mujeres inocentes de la familia Lebarón), calificándolos como una “obra de arte y humanismo, llena de amor”, diría el mismo López, en lugar de combatir de frente, como es su obligación, con toda la fuerza del Estado a los delincuentes que se han armado como nunca antes, se han multiplicado por doquier, a pesar de los miles de millones de pesos que “obsequia”, como pretexto para terminar con la delincuencia, supuesto origen o causa etiológica de la criminalidad. Falsa premisa, no existe estudio científico criminógeno alguno que soporte su loca teoría, por eso el crimen aumentó en sus dos primeros años y el dinero público es dilapidado.
Los delincuentes han presumido su “fuerza bélica” en redes sociales y el gobierno de Andrés Manuel, ni por enterado. Desdeña la osadía de los criminales. Por algo Alfonso Durazo Montaño, prefirió dejar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, e irse de lleno a la política como candidato, es más seguro y rentable que combatir a la delincuencia con “abrazos y perdones”. De ahí que Rosa Icela Rodríguez, la nueva Secretaria, solo se dedique al archivo de documentos, no realiza actividad alguna en materia de seguridad pública. Así no se mete en problemas. Además, el inepto Presidente dejó en manos del Ejército, toda la responsabilidad, haciendo a un lado a la fuerza civil. Los militares haciéndola de todo, enfrentamos a un gobierno militarizado.
Para colmo, después de dos años, en este mes de diciembre el gobierno federal apenas aprobó el Programa Nacional de Derechos Humanos, que privilegia esos derechos para todas las personas, sin excluir a la delincuencia que se caracteriza por violentar esos derechos. Basta dar lectura a los “objetivos prioritarios” en los que plantean dar solución a los problemas de raíz, así de simple; luego se meten con las atribuciones de las autoridades en su ramo, como parte del primero objetivo, en donde plantean que toda la administración pública está fragmentada ¡Inconcebible! Así no se puede con este gobierno inútil, su operación como administrador es un fracaso.
La cifra acumulada de homicidios, muertes violentas, alcanza el escandaloso número de 58,034, en los primeros dos años, el peor gobierno de la historia. A su vez, la suma de homicidios de los sexenios de Calderón y Peña, fueron menores que los ejecutados con López Obrador, quien presume, eso sí, de tener alta popularidad ¿será entre la delincuencia? Ambos sexenios (Peña y Caldderón) alcanzaron los 54, 771 homicidios. Esto es, en cuatro años de los dos pasados sexenios no alcanzan la cifra que ha logrado quien asegura que no es ninguna ciencia gobernar. Este es el nefasto resultado de un inepto al frente de la administración pública federal.
Al igual que en todos los casos semejantes (ahora la ejecución de del exgobernador) llegan la exigencia de pedir justicia, de castigar a los responsables, que no quede impune el crimen, mientras las autoridades solo se encargan de levantar los cuerpos asesinados, los criminales continúan con su actividad “empresarial”. En nada les ha afectado la supuesta “congelación” de cientos de cuentas bancarias de gente relacionada con el crimen organizado, ellos continúan dando balazos, base del terror de su empresa. Vaya que se trata de empresas bélicas que tienen como objetivo lucrar y someter a la sociedad civil, en tanto que las autoridades de los distintos niveles de gobierno no pueden o no quieren cumplir con su responsabilidad.
López afirmó, mientras inauguraba el memorial, que su gobierno no protegía a ningún cartel, que él combatía a todos por igual. Las pruebas lo desmientes, aunque él maneje otros datos. El ambiente de terror social se incrementó en su gobierno y eso es causa de la ineptitud, del contubernio, del temor y de la ineficacia para hacer frente a la delincuencia. El Presidente miente y solapa a los criminales.
Para colmo, el lugar en donde fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue limpiado por los mismos empleados del restaurante en donde se encontraba cenando, “custodiado por 15 guardaespaldas”, que nada pudieron hacer frente a la enorme fuerza bélica de los delincuentes. Acción que, además de ser un delito alterar la escena del crimen, parece que los empleados bien saben de las consecuencias que les acarrea si apoyan a las autoridades. Los sicarios suelen tomar represalias, incluso se podría pensar que los “limpiadores” trabajan en contubernio con los delincuentes, por esa razón se apresuraron a alterar la escena del artero crimen ¿Quiénes están a salvo de los delincuentes? ¡Nadie! A la llegada de los peritos dedicados a la investigación forense, simplemente les eliminan los elementos de investigación.
El gobierno de cuarta, no ha sido capaz de resolver ninguno de los problemas que ofreció en campaña López Obrador; solo atina a dilapidar el presupuesto público, a fortalecer su poder, a eliminar todo aquello que le estorba y, por supuesto, acumular dinero público para el manejo discrecional del presupuesto.
La actitud del Presidente López Obrador, raya en acciones del crimen organizado. Por algo no quiso que el gobierno de Donald Trump calificara de terroristas a la delincuencia organizada de México. No le convenía que los norteamericanos eliminaran a los carteles, a los miles de delincuentes. Por si eso no hubiese sido suficiente, junto con sus secuaces en las Cámaras de Diputados y de Senadores, este mes de diciembre crearon las normas legales necesarias para que no haya intervención alguna de agentes en territorio mexicano, nada en el ámbito de colaboración para perseguir a los criminales. De tal suerte que el negocio solo lo administra el Presidente de la República, nadie más. De ahí que la inaudita política de los abrazos y el perdón a los delincuentes, no den resultados plausibles. López y su partido deben pagar en las elecciones del 2021.
Tras La Verdad / Por: Héctor Parra Rodríguez
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