La austeridad que cuesta millones
La austeridad que cuesta millones
Derecho al Punto, por Alejandro Ortega Mayorga
Jueves 25 de septiembre 2025
Uno de los principales argumentos de la llamada “reforma judicial” fue la austeridad. Se presumió que las nuevas ministras y ministros del bienestar ganarían menos que sus antecesores, y que con ello se acababan los privilegios en la Suprema Corte.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que esta austeridad es más discursiva que real. Mientras se recortaron salarios, se multiplicó la burocracia a su alrededor.
El caso más visible es el del ministro presidente Hugo Aguilar, cuya oficina cuenta con entre 97 y 102 asesores, según reportes oficiales y periodísticos. Solo en nómina, esta estructura representa un gasto adicional de más de 6 millones de pesos mensuales. La ironía es evidente: se redujo el sueldo de arriba, pero se dispararon los costos por abajo. Austeridad en el discurso, derroche en la práctica.
El desbalance es aún más notorio si recordamos que, antes de la reforma, la presidencia de la Corte bajo Norma Piña operaba con apenas 6 asesores en su equipo directo. Hoy, en contraste, la nueva presidencia cuenta con casi un centenar. Cada ponencia y área de apoyo absorben recursos que contradicen el supuesto ahorro. Y mientras se presume la reducción salarial como logro, lo cierto es que el gasto se reacomodó: de sueldos directos a nóminas infladas de asesores.
A esto se suma una mentira aún más grave. El Décimo Transitorio del decreto de reforma, publicado en el Diario Oficial de la Federación, fue claro: los trabajadores del Poder Judicial conservarían su empleo y sus derechos laborales.
Sin embargo, la Dirección Jurídica del Órgano de Control Judicial promovió una consulta que abre la puerta a la creación de trabajadores de primera y de segunda, diferenciando categorías con menos derechos y prestaciones. Esto no solo contradice lo ordenado en la propia reforma, sino que además viola principios constitucionales y convencionales de igualdad, estabilidad y no discriminación laboral.
Y como si la falsa austeridad y la precarización no fueran suficientes, el nepotismo, el mismo vicio que se prometió desterrar, parece haber encontrado un nuevo rostro.
Un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicado apenas a inicios de septiembre, reveló que este problema persiste y se extiende al interior de las nuevas estructuras.
El informe detalla que el 62 % de los nuevos funcionarios del Poder Judicial del Bienestar tienen familiares en el gobierno, lo que pone en tela de juicio la supuesta renovación. Las cifras son aún más alarmantes en los cargos de mayor jerarquía: el 56 % de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 71 % de los magistrados del nuevo Tribunal Electoral tienen familiares con cargos públicos o contratos en la administración.
Este fenómeno no es casual: es el resultado de un modelo de designación que, en lugar de priorizar el mérito y la carrera judicial, ha replicado viejas prácticas de favores y redes familiares. La ironía se agrava: se prometió un nuevo Poder Judicial sin privilegios, pero en la práctica, se está construyendo sobre las mismas redes que perpetúan el acceso a la justicia a una élite conectada. La justicia, en un sistema así, no se imparte: se hereda.
Se prometió un Poder Judicial más austero, pero lo que vemos es un modelo costoso, desigual y en retroceso, ahora agravado por redes familiares que perpetúan privilegios.
El discurso de la “austeridad republicana” se convierte en simulación cuando se gasta más en asesores que en justicia, cuando se precariza a trabajadores que deberían estar protegidos y cuando el nepotismo se normaliza como forma de administración.
La justicia, para ser legítima, debe construirse sobre el respeto a la ley, la dignidad laboral y la imparcialidad institucional, no sobre discursos que disfrazan privilegios con etiquetas de austeridad.
Derecho al Punto
Por Alejandro Ortega Mayorga
Fundador de OM Firma Legal
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